Uno de los fiscales que investiga la red de corrupción en Petrobras dijo el viernes que el perjuicio causado a la petrolera brasileña puede superar los 5.300 millones de dólares.

Deltan Dallagnol, jefe del equipo que trabaja en la esfera privada de la megacausa explicó que los hallazgos comprobados hasta ahora son "la punta del iceberg".

"Es probable que el perjuicio pase de 20.000 millones de reales (5.300 millones de dólares)", dijo a periodistas tras participar en una conferencia en Rio de Janeiro.

El joven fiscal actúa en el estado sureño de Paraná, donde se tramita la causa, y donde fueron encarcelados empresarios de élite, exdirectores de Petrobras, el exjefe de Gabinete José Dirceu y el hasta hace poco tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari.

De acuerdo con Dallagnol, la investigación de la confabulación político-empresarial, bautizada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) que drenó las arcas de la empresa que era el orgullo de Brasil ya comprobó el pago de sobornos por 6.200 millones de reales.

Pero las pericias indican que ese número podría multiplicarse hasta superar los 20.000 millones al contabilizar los sobreprecios que cobraron las empresas a Petrobras para generar excedentes que luego eran distribuidos entre los integrantes de la red que puso bajo la lupa la financiación de la política en Brasil.

Según la causa, directivos de la petrolera designados por partidos políticos, constructoras de gran calado, intermediarios y especialistas en lavar dinero, montaron un sistema de sobornos para amañar licitaciones, cobrar sobreprecios y desviar fondos durante 10 años.

La investigación de ese submundo de corrupción generó una extensa lista de detenciones, procedimientos secretos, delaciones premiadas y condenas a una escala sin precedentes en la historia del país. Y sacudió al gobierno y al país entero.

Entre las decenas de políticos investigados, está el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de cobrar un soborno de 5 millones de dólares para facilitar un negocio, al igual que el actual senador y expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuyo caso aún se mantiene bajo secreto de sumario.

Ambos están protegidos por fueros y si sus causas van a juicio serán tratados por la corte suprema.