La justicia brasileña ordenó el jueves levantar el secreto bancario de la estatal Petrobras y de un exdirector de la compañía, por contratos firmados para la construcción de una refinería e indagar una posible sobrefacturación, informó la prensa local.

La justicia federal de Paraná (sur), a cargo del caso, determinó que el levantamiento del secreto abarca desde 2009 a 2013, exclusivamente en contratos firmados con empresas contratadas para obras en la refinería Abreu e Lima, en Pernambuco (noreste).

Petrobras tiene 20 días para dar a conocer la información solicitada. Versiones de prensa aseguran que esta operación está bajo sospecha de sobrefacturación, mientras que algunas de las empresas favorecidas podrían estar vinculadas a un esquema de lavado de activos.

Según el diario Estado do Sao Paulo, el juez del caso, Sergio Moro, aseguró en su resolución que los datos se solicitan por una "fundada sospecha de la participación de estas empresas y personas en desvío de recursos públicos" en la que Petrobras pudo haber sido la víctima.

Entre las personas vinculadas está el exdirector de Refinación y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quien dejó el cargo en 2012 y está detenido desde el 21 de marzo en el marco de una investigación conocida como "lava jato" (lavado express), y cuyo secreto bancario también se levantará.

Según información de prensa basada en fuentes judiciales, este exfuncionario es sospechoso de haber desviado recursos públicos de la refinería Abreu e Lima.

Otro de los involucrados en esta red es el cambista Alberto Youssef, también detenido en esta operación y vinculado con las empresas cuestionadas, que habrían sido usadas para mover unos 4.500 millones de dólares.

El caso de Costa es el último de una larga serie de problemas que están afectando a la petrolera estatal, que ha perdido miles de millones de dólares en valor de mercado en los últimos cinco años.

Sospechas de sobornos y polémica por la supuesta compra sobrevalorada de una refinería han puesto en aprietos a la gigantesca petrolera brasileña, complicando no sólo al gobierno, sino a la propia presidenta Dilma Rousseff en pleno año electoral.