Mercedes Olivera

En los últimos días recrudeció el tema de la pauta en las radios comunitarias, de la mano con los mensajes pagados a una porción que al parecer son ilegales. Los montos entregados a esos pequeños son ínfimos en comparación con lo canalizado en los canales de TV y radios comerciales que exhibieron gustosos los contenidos del gobierno, sin confesar que no tenían ni pies ni cabeza. La mayoría de esos spots dan vergüenza a cualquier comunicador porque simplemente no comunican nada. Las campañas de corrupción y justicia por ejemplo, pagadas por Itaipú y Yacyretá fueron tan ausentes de criterio que sería imposible medir resultado alguno. Dinero tirado en realización y en emisión.

Eso, no les importó a los empresarios de los medios masivos que alegremente cobraron recursos públicos sin preguntar ni para qué se gastaban. Ahora quieren impedir que siquiera una gota de esos fondos lleguen a las radios comunitarias. ¿Pero es esa la verdadera razón? No puede serla, porque ellos conocen los montos que cada uno recibió. Seall y Dos Santos demuestran un temor inexplicable para responder en forma y sobre todo en tiempo, lo que no deberían hacer justificando sino impulsando una verdadera investigación sobre todo lo actuado con relación al espectro radioeléctrico desde el inicio de la democracia.

En realidad es el establishment mediático el que concede al ineficiente gobierno de Lugo, capacidades de las que carece. Hacer la cumplir la reglamentación de la Ley 642/95 implicaría aplicarla en rigor y señores...que ganas tenemos algunos de que eso suceda. Buenísimo que todo vaya acompañado de una inspección y divulgación acerca de las identidades de los propietarios de cada canal de televisión y que detallen exactamente la procedencia del dinero conque lograron adueñarse de tan importantes inversiones, los impuestos que pagaron cuando lo ganaron y otros puntos que sería interesante difundir. Para tranquilidad de todos y que como algunos propalan, se defienda la legalidad. O para todos o para nadie.