La ejecución del preso mexicano Humberto Leal en Estados Unidos considerada como una violación a las leyes internacionales, ya que no fue informado de que podía contactar con su consulado, fue destacada hoy por los medios españoles.

El diario El País apuntó que pese a la petición del propio Barack Obama, que advirtió de que la ejecución de Humberto Leal sería una violación a las leyes internacionales, nada frenó la voluntad del gobernador de Texas, Rick Perry de aplicar la inyección letal al mexicano.

“Leal se ha convertido en el último símbolo de la grave perversión moral y política que representa la pena de muerte en Estados Unidos”, apuntó.

Para el rotativo, el gobernador de Texas se siente amparado por una sentencia del Tribunal Supremo de 2008 en la que afirma que el contenido de la Convención de Viena no vincula a los estados.

Entre otras consideraciones, la Casa Blanca argumentó que esta ejecución deja en situación de indefensión a los ciudadanos norteamericanos en el resto del mundo y crea un grave precedente sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Estados Unidos.

El País recordó que el gobernador Perry es una destacada figura del Partido Republicano con confesadas intenciones de aspirar a la presidencia, pertenece a su ala más conservadora, la que corteja los votantes que exigen ley y orden en la frontera y mano dura con los inmigrantes mexicanos.

El diario el Mundo indicó que Texas ejecutó al mexicano Humberto Leal poco después que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó actuar en un caso que generó preocupaciones sobre violaciones de tratados internacionales.

Remarcó que Texas ejecuta a más delincuentes que cualquier otro estado del país y ha causado abundantes fricciones con México, que no tiene pena de muerte.

Refirió que en 2002, Texas ejecutó al ciudadano mexicano Javier Suárez Medina pese a las objeciones del entonces presidente Vicente Fox.

Por su parte, el diario ABC expuso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó detener la ejecución, tras una votación muy ajustada, por 5 votos a 4.

Manifestó que el presidente Barack Obama había sido una de las voces que habían pedido la suspensión de la condena y una revisión del proceso.

Leal García debió haber sido informado, después de ser arrestado, de su derecho a la asistencia consular, como se reconoce en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, un tratado internacional firmado por Estados Unidos.

Hizo hincapié en que la abogada defensora Sandra Babcock acusó a Estados Unidos de no cumplir la ley y afirmó que el preso “fue ejecutado a pesar de que sus derechos a la asistencia consular fueron violados”.

Según sus palabras, con la debida asistencia durante el juicio, el preso hubiese tenido “una oportunidad real de haber probado que no era culpable de asesinato”, concluyó.