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24/01/2017

Es verdad que parecerá un titular críptico pero es lo que hay, el juicio por Gdein Izik, por los trece asesinatos cometidos durante el desmantelamiento del campamento de protesta, sigue sin celebrarse. Mientras algunos periodistas dudan de que ni siquiera haya muertos. Un disparate

El juicio por los asesinatos cometidos el ocho de noviembre de 2010, en el paraje de Gdim Izik, en la provincia marroquí de Layounne no ha comenzado. Las sesiones celebradas esta semana volvieron a ser vistas previas o preliminares. Si acaso, y ante lo que parecía ser la inminencia del comienzo del juicio todo se volvió más amargo, especialmente para los familiares de los asesinados, once miembros de las fuerzas del orden y un miembro de los servicios de Protección Civil. La entrada de los acusados a la Sala de Justicia iba seguida de gritos a favor de las reivindicaciones del Frente Polisario, de pie encima de los bancos, sin que nadie hiciera nada para impedirlo. Las viudas y huérfanos de los fallecidos, por su parte gritaron pidiendo justicia. En este juicio, por fin, van a tener abogados -entre otros el español Lorenzo Manuel Peñas- que defiendan la memoria de los asesinados y a sus familias. Lo único objetivo y real es que a estos miembros de las fuerzas del orden los mataron, de la forma más cruel, algunos fueron degollados y varios cadáveres profanados. Ahora hay que celebrar un juicio.

Los hechos se produjeron en la provincia marroquí de Layounne en Noviembre de 2010, cuando un grupo de individuos, de los que varios se uniformaron al estilo de como lo hacen los miembros del Frente Polisario se enfrentaron violentamente contra las fuerzas del orden marroquíes; así como contra un miembro de Protección Civil. Trece personas murieron de forma violenta, arrolladas por vehículos 4x4, lapidadas con grandes piedras con las que los autores de los asesinatos se aseguraron de rematar a sus víctimas y, al menos dos de los asesinados, fueron degollados. Además, como manifestación evidente de lo abyecto de las conductas criminales que se pudieron observar y grabar, algunos de los autores de aquella violencia extrema, orinaron sobre los cuerpos sin vida de los asesinados.

Las dimensiones de aquellos hechos fueron verdaderamente tremendas, a las trece víctimas mortales hay que añadir unos setenta heridos y daños materiales por valor de varios millones de euros ya que la violencia en el campamento se extendió, de forma perfectamente organizada, a la cercana ciudad de Layounne donde fueron quemadas instalaciones públicas, vehículos y donde continuaron las agresiones físicas en un tumulto en el que los gritos eran los mismos que han podido escucharse en las tres sesiones preliminares, gritos en favor de las reivindicaciones del Frente Polisario.

Hace tres años, los hechos fueron encausados y juzgados por el Tribunal Permanente Militar de Rabat. La legislación del Reino de Marruecos, al momento de producirse aquellos terribles acontecimientos establecía que los asesinatos y delitos violentos cometidos contra las fuerzas del orden eran objeto de la Justicia Militar. Pero en 2011 se produjo una profunda reforma de la Constitución marroquí por la que trasladaba la responsabilidad del enjuiciamiento de actos así a la justicia ordinaria. Así fue como, después de que los hechos se juzgaran por el referido Tribunal Militar y tras los recursos planteados por las partes, el Tribunal de Casación determinó que el juicio militar quedara anulado y se repitiera en la jurisdicción ordinaria.

Con este cambio de orden jurisdiccional se produce, además de la repetición de la vista oral contra los 21 acusados, una novedad jurídica muy importante como es que las familias de los asesinados y el resto de víctimas van a tener la oportunidad de estar presentes en el juicio, con representación legal, para el ejercicio de lo que aquí se denomina ‘acción civil’ dentro de una causa penal. Sin que sea lo mismo, es algo parecido a la figura de la acusación particular que existe en el procedimiento español.

Las víctimas, por fin, tendrán voz en el juicio a través de varios abogados marroquíes y europeos, entre los que se encuentra el letrado español Lorenzo Manuel Peñas

El histórico juicio está siendo seguido por decenas de observadores internacionales y, en el mismo, participan abogados marroquíes -quienes dirigen las defensas de los acusados y la acción civil de las víctimas- así como abogados franceses, belgas y un español. Las entrevistas con periodistas suelen ser de lo más curiosas, algunos, en seis años ni siquiera se han acercado a las víctimas y hasta una reportera dudaba que en realidad hubieran aparecido los cadáveres. Justo al lado de donde me decía tal cosa, estaban sentadas varias viudas y dos huérfanos; no debía conocer sus caras, si las hubiera visto alguna vez no habría dicho semejante disparate, lo que pone en evidencia que para los periodistas, los protagonistas del juicio, son los acusados; mientras que las víctimas de la violencia más salvaje es como si no merecieran la atención. Los acusados no pueden ser vistos o señalados como culpables, pues sus derechos han de ser sagrados y, muy especialmente, el de ser tomados como inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad; pero sobre lo que no hay duda es que en el desmantelamiento de Gdein Izik hubo unos muertos, fueron asesinados once servidores públicos marroquíes, desarmados, fueron lapidados, algunos degollados. Estas fueron las víctimas y es a ellas a las que se busca hacer justicia; aunque haya periodistas que estén dispuestos a asentar de manera adelantada la condena sobre los propios fallecidos. En España, desgraciadamente, las víctimas del terrorismo también fueron opacadas. Basta ver la escasa atención que los medios españoles y sus periodistas dirigen sobre las trescientas víctimas españolas del Frente Polisario, a las que por fin, después de 40 años de tenerlas escondidas, se empieza a reconocer como VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

El abogado francés Joseph Breham, buscando la expulsión

Entre los abogados franceses se encuentra el letrado Joseph Breham cuyo papel de letrado parece que estuviera exclusivamente dirigido al bloqueo constante de la causa mediante provocaciones pueriles al Tribunal cuyo presidente parece más que, con él en especial, actúe con la condescencia de un profesor de instituto que está dispuesto a llamar la atención, casi amablemente, de forma permanente. La actitud de Breham no sería consentida ni por un tribunal francés ni por uno español. Sería reconvenido con arreglo a las normas procesales y de policía durante el juicio y llegados a los extremos que estamos viendo en estas vistas previas sería expulsado de la sala. Pero no, la irritante permisividad del presidente del tribunal parece claramente dirigida a que ningún abogado pueda decir que se impidió el derecho de defensa. La falta de respeto al propio Tribunal, al proceso, y al resto de los abogados es una conducta perfectamente estudiada para buscar la expulsión y la foto; en mi opinión y ante los cargos que pesan sobre los acusados, debieran concentrar sus esfuerzos en la defensa concreta de los clientes y no en abundar en el postureo político. Breham se ha estado permitiendo hacer sus discursos en francés, sin apoyarse en un abogado que los expusiera en árabe, lengua oficial que debe emplearse en la Sala de Justicia. Quien sí le paró los pies fue un abogado de la acción civil de las víctimas que le espetó, con claridad “señor Joseph, nosotros respetamos profundamente a la Justicia francesa, pero está usted aquí, en Marruecos, un país plenamente independiente de ustedes desde el año 1956 y aquí la norma nos obliga a hablar en el juicio en árabe. Respete usted nuestra justicia y nuestras leyes”.

Caos inadmisible en un tribunal español o francés

Los acusados entrando y saliendo de la pecera de seguridad de la sala, similar a las que podemos ver en la Audiencia Nacional en España; los abogados mezclados pululando por delante del Tribunal, sin orden ni concierto; asistentes en la sala que profieren gritos… transparencia absoluta, permiso para el ejercicio de la libertad de expresión en una organización del juicio que sorprende a cualquier jurista, perito judicial o experto puesto que todo se desenvuelve en un ambiente caótico del que no parece claro que puedan extraerse conclusiones.

El juicio podría celebrarse en la segunda quincena de febrero o marzo

Todo parece indicar que el Juicio por los hechos de Gdein Izik se celebrará en la segunda quincena de febrero o en el mes de marzo, si el Tribunal consigue cortar la evidente actitud dilatoria que se observa en algunos abogados de las defensas; actitud que ayer, con fuerza, fue denunciada por los abogados de las víctimas, de las viudas, de los huérfanos d quienes -desgraciadamente- son los protagonistas ausentes de esta causa penal, los policías y el miembro de Protección Civil que fueron asesinados, que fueron degollados, lapidados y cuyos cadáveres fueron profanados por individuos que gritaban a favor de las consignas del Frente Polisario.

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