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Se habla de una reforma general de los secretos oficiales, pero hay una intuición general de los políticos y del pueblo de que se vaya a caer en un informe estilo PP sobre el avistamiento de los ovnis o se continue en el oscurantismo de siempre

El Congreso de los Diputados ha abierto la puerta a reformar la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, al apoyar la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que contempla la necesidad de que la ley recoja la "obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia".

De este modo, la vigencia "no podrá superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años".

Además, el texto incluye la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos que la propusieron.

También plantea suprimir la referencia "a la naturaleza, secreta o no", de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que ésta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.

Los nacionalistas vascos han vuelto a llevar al Pleno esta proposición para poner fin a que el Gobierno de turno se ampare en que la actual ley no establece norma alguna para desclasificar documentos y "no caiga en la desidia e inercia de no desclasificar nada", según ha denunciado con acierto el representante del PNV, Aitor Esteban.

En nombre del PSOE, el diputado Artemi Rallo ha justificado su voto a favor en la necesidad de promover una reforma general de la Ley de Secretos Oficiales, reforma que el PP, según ha criticado, no ha querido impulsar en los últimos cinco años porque "vive más cómodo en la opacidad que en la transparencia".

En términos similares, desde Unidos Podemos Juan Manuel del Olmo ha censurado que con la actual legislación no haya problema alguno para acceder a la información anterior a 1931 y sí a partir de ahí. Según sus palabras, la actual ley, impulsada por Manuel Fraga, fundador del PP, es "la mejor expresión de un régimen asustado".

Desde Esquerra Republicana (ERC), Xavier Eritja ha adelantado su apoyo a una reforma que supone una oportunidad para cambiar un "anacronismo de 40 años" y para que el día de mañana los nietos de los republicanos catalanes puedan conocer los detalles de la 'Operación Cataluña'.

Por Convergència, Jordi Xuclá ha subrayado que ésta es una materia "muy sensible" que requiere que el Gobierno plantee un proyecto de ley para evitar que, por ejemplo, lo único que se haya desclasificado en los últimos tiempos haya sido un informe sobre los avistamientos de Ovnis. De su lado, Enric Bataller, de Compromís, también dará su respaldo a la propuesta del PNV porque no quieren que continúe el "oscurantismo" en España.

Por el contrario, el nuevo portavoz del PP en la Comisión Constitucional y ex secretario de Estado de seguridad, Francisco Martínez, ha criticado la iniciativa del PNV por ser un "parche" que pone de manifiesto "poco rigor", falta de "calidad" y cierta "irresponsabilidad".

Según ha explicado, el PP admite que la ley de 1968 requiere una reforma integral porque tiene aspectos mejorables, pero considera que los secretos de Estado son una "materia extraordinariamente sensible y compleja" que requiere un estudio riguroso y evitar un "reduccionismo peligroso".

A su juicio, no puede bastar el paso del tiempo para publicar materias clasificadas que afectan a la seguridad del Estado y en concreto ha citado la estructura y las fuentes de la lucha antiterrorista o el mapa de las infraestructuras críticas del país. Otra cosa es que se permita su conocimiento a determinadas personas, como los parlamentarios con acceso a secretos: "Acceder sí, desclasificar no", ha resumido.

Por otro lado, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha avanzado que su grupo se abstendrá ante la iniciativa de los nacionalistas vascos porque si bien se necesita una reforma de la citada ley, no quieren un "parche", sino un proyecto de ley. De hecho, ha instado al Gobierno a que en seis meses plantee uno cumpliendo así, según ha revelado, con el compromiso que el PP ha adquirido.

Defensa sacará a la luz 10.000 secretos de entre 1939 y 1968. El PP retoma una iniciativa promovida por Chacón cuando esta era ministra. Los documentos revelan datos de la guerra civil y de la primera etapa del franquismo.

Duermen el sueño de los justos en legajos polvorientos atados con cordeles o desparramados en viejas cajas olvidadas en los archivos. Es un tesoro para los historiadores tan valioso como inaccesible. Se trata de los documentos clasificados como secretos oficiales previos a 1968 que la exministra de Defensa Carme Chacón trató de hacer públicos en el último aliento del mandato de Zapatero, en octubre del 2011. No le dio tiempo. Su propuesta para que el Consejo de Ministros aprobara la desclasificación entró a la Moncloa semanas antes del cambio de Gobierno y nunca llegó a ser validada. Con su llegada al Ministerio de Defensa, Pedro Morenés paralizó en el 2012 esta desclasificación arguyendo que podía ocasionar «problemas con socios», en referencia a otros países, pero ahora recapitula. Fuentes del ministerio admiten que están volviendo a estudiar los textos para hacerlos públicos. No trabajan con una fecha concreta, pero confirman que la voluntad es sacar a la luz la documentación que ya no suponga ningún riesgo para la seguridad nacional. Se trata, en cualquier caso, de la segunda revisión que se hace al respecto. Durante el mandato de Carme Chacón, los responsables de los ejércitos de Tierra, Aire y la Marina analizaron uno por uno los legajos y reportaron a la ministra qué documentos ya no entrañaban peligro alguno. Con ese informe, se elaboró un listado de materias a desclasificar que ahora Defensa vuelve a llevar a examen.

El ministerio ha confirmado que se trata de 10.000 documentos cuya salida a la luz se tramitará vía Consejo de Ministros, pero no detalla qué especialistas están realizando esta tarea, en qué punto se encuentra la investigación, ni qué plazo se ha establecido para aprobarla. En cualquier caso, de producirse, sería la desclasificación en bloque más importante que se haya hecho nunca en España, algo que vienen reclamando los estudiosos de la materia desde hace años. Cuando Morenés decidió paralizar la desclasificación, 300 historiadores firmaron un manifiesto de protesta y se lo enviaron al ministro, del que nunca recibieron respuesta, y ahora se muestran escépticos. «¿Qué secretos han de guardarse todavía bajo siete candados? ¿Qué serpientes venenosas hay que ocultar? ¿Las rencillas de las tres Armas por hacerse con la tajada mayor posible?», se pregunta el historiador Ángel Viñas.

Material valioso

La información es valiosa porque hasta el momento se ha mantenido en secreto y no ha podido ser consultada por los historiadores. Entre los documentos más interesantes figuran las órdenes de batalla, los movimientos de tropas y una prolífica serie sobre el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en Marruecos, que incluye los detalles de los desembarcos alemanes y la ayuda que Franco recibió de Hitler durante la guerra civil. Otra sección destacada hace referencia al protectorado español en Marruecos, la campaña Sáhara-Ifni, campos de concentración y los tribunales militares durante la contienda. La información aportada por la Armada resulta especialmente esclarecedora para investigar la cooperación que existió entre Italia, Alemania y España a través del armamento en buques de guerra.

Todos los documentos son anteriores a 1968, el año en el que se aprueba la ley de secretos oficiales, que continúa en vigor tras un ajuste en 1978 para adecuarla a la Constitución. Se trata de una regulación muy restrictiva. En España no existe una alerta para que la Administración desclasifique automáticamente los documentos que ya no entrañan ningún riesgo, como sucede en otros países con una legislación más avanzada como EEUU y el Reino Unido. Además, los historiadores tampoco pueden solicitar los documentos, porque no tienen la certeza de que esos informes existan ni saben dónde están archivados. La ley establece que el único competente para desclasificar un documento es la misma autoridad que lo declaró secreto, es decir, el Consejo de Ministros y el Estado Mayor de la Defensa. Para abordar la desclasificación de todo el material que ya no es peligroso debería modificarse la ley de secretos oficiales de 1968.

Plazo máximo de 30 años

Izquierda Plural ya presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa para modificar esa legislación. Propuso que solamente el Consejo de Ministros tenga potestad para declarar secreto un documento y que la clasificación pueda durar 30 años, prorrogables en determinados casos que entrañen algún riesgo.

El Grupo Parlamentario Socialista también expresó su voluntad de abordar esta revisión normativa y ha propuesto crear una comisión interministerial en la que puedan participar también expertos para elevar un informe al Parlamento cara a modificar la legislación siempre con las máximas garantías de transparencia y cautela.

No todos los historiadores comparten la necesidad de rehacer la ley de secretos oficiales. Carlos Sanz, por ejemplo, que lideró el manifiesto de queja a Defensa, asegura que como usuario prefiere «esta ley franquista, que cabe en una página, a lo que ahora puedan redactar». «Temo que la nueva ley dé más armas a la Administración para secuestrar documentos», añade.

A falta de acuerdos en el Congreso y mientras el Ministerio de Defensa no levante el secreto de los numerosos legajos que posee, los historiadores trabajan en lo que supone el colmo del absurdo, esto es, en la necesidad perentoria de tener que recurrir a los archivos de otros países para averiguar qué diablos se esconde todavía de lo sucedido en España hace un mínimo de casi 50 año. Y a rebuscar en la hemerotecas.

Los secretos de Estado son ‘eternos’ en España.Los investigadores denuncian que la Ley de Transparencia es una ocasión perdida para emular a democracias maduras y arrojar luz sobre la historia.

La mayoría desclasifica sus papeles periódicamente

Los secretos de Estado de España son para siempre. Lo han sido hasta ahora y lo seguirán siendo pese a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia el 10 de diciembre de 2013. Durante los últimos años se han producido sonadas revelaciones masivas de informaciones secretas (Wikileaks, Falciani, Snowden, incluso de los correos de Blesa), además, en los países avanzados se exige acortar los tiempos de desclasificación de documentos reservados. Pero, a pesar de esta corriente, la nueva norma creada para aumentar la transparencia en la vida pública española aborda de una manera tangencial y regresiva este controvertido asunto.

La nueva Ley de Transparencia, en su artículo 12, declara solemnemente el principio del “derecho de acceso a la información pública”. Sin embargo, muy poco más allá, en el artículo 14, decide poner puertas al campo y fija los “límites al derecho de acceso”. La lista de materias reservadas es larga, y la norma las enumera sin precisar en qué circunstancias estará restringido su acceso a ellas.

En todos los países, los papeles clasificados son motivo de controversia. El pasado día 20 el diario 'The Guardian' denunció la existencia de “una enorme cantidad de papeles públicos” que la Foreign Office “ha ocultado en un archivo secreto”. Algunos de esos papeles datan de 1662 y, según el diario, podrían contener información de la implicación de Reino Unido en el esclavismo y su política relativa a la trata de personas.

Si se teclea la palabra “papeles desclasificados” en los buscadores de cualquier diario español aparecen muchas noticias y la mayoría corresponden a desclasificaciones hechas en Reino Unido y Estados Unidos. Pese a que a ambos países se les puede considerar ejemplares, también ellos se reservan el derecho de hacer ciertos controles. “Los papeles que publica EE UU salen llenos de tachones en negro”, comenta el historiador Antonio Malalana. Lo mismo pasa con los papeles de Reino Unido.

Muchos creen que va a ser solo un parche, pero hay quien opina que esta vez se va algo mejor que la reforma de 1968

La mayoría de las veces los papeles salen con palabras, renglones o párrafos censurados con gruesos borrones negros, porque parte de la información “está considerada aún sensible, o porque revela datos confidenciales de algún ciudadano aún vivo”, explica un empleado de los Archivos Nacionales británicos.

Según afirma un portavoz de la Foreign Office, bajo la ley de Registros Públicos (Public Record Act) todos los documentos secretos son desclasificados excepto aquellos que pueden suponer un peligro para la seguridad o las relaciones internacionales.

Carlos Martínez Gorriarán, que actuó como portavoz de UPyD durante la tramitación de la ponencia de la Ley de Transparencia, denuncia que en la norma “ni siquiera hay un apartado ni un solo artículo que se refiera o que establezca un procedimiento para la desclasificación de los documentos secretos o reservados”.

El citado artículo 14 sentencia: “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, […] los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria […], la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, o la protección del medio ambiente”.

La organización no gubernamental Tu Derecho a Saber, que se emplea a fondo en solicitar información a distintas instituciones para promover la transparencia en España, expresa su frustración porque con la aprobación de la nueva ley se ha desaprovechado la oportunidad de homologar la legislación con la de los principales países democráticos en materia de “clasificación y desclasificación” de documentos reservados. El texto que ha entrado en vigor “no contempla nada” sobre este asunto, asegura Victoria Anderica, investigadora de Access Info Europe, desde donde condina campañas de Tu derecho a Saber.

Pero más inquietante que lo que no hace la Ley de Transparencia, es lo que no deshace. Tras su entrada en vigor en diciembre de 2013, se mantiene como principal norma de regulación de la información reservada la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta norma fue promulgada en plena etapa franquista y modificada en 1978, poco antes de la aprobación de la Constitución, con el fin de dar encaje legal al uso de los fondos reservados. Y sigue siendo esa ley franquista la que establece que “la única manera de que los secretos vean la luz es con un mandato expreso del órgano del Estado que los declaró reservados”, comenta Antonio Malalana, historiador y profesor de Técnicas de Investigación e Historia de la Universidad CEU San Pablo.

Malalana lamenta que la norma aprobada con el buen fin de ventilar la vida política aparta a España de la corriente mundial que exige establecer plazos temporales para publicar secretos de Estado. En naciones de democracias más maduras como Reino Unido, Estados Unidos o Suecia, la legislación contempla la desclasificación sistemática de sus papeles ocultos. El Archivo Nacional de Reino Unido dió la bienvenida a 2014 con la exposición al público de un lote de documentos que airean las comunicaciones de Margaret Thatcher con los miembros de su gabinete durante el primer año del amargo conflicto que la Dama de Hierro mantuvo con los mineros del carbón en la mitad de la década de los ochenta del pasado siglo.

Aún se desconocen detalles sobre el 23-F o las bombas de Palomares

Este último destape de papeles conflictivos de la historia no es un hecho aislado. Reino Unido saca a la luz de manera sistemática sus documentos clasificados después de 30 años en la sombra. La legislación británica considera que “después de ese tiempo dejan de tener efectos dañinos en la política presente y actualmente se está trabajando para que se reduzcan a 20 años”, explica un portavoz de los Archivos Nacionales de Reino Unido, la institución encargada de desclasificar, publicitar y dar acceso a estos y otros documentos relevantes de la historia del país.

En Estados Unidos, la NARA (Archivos Nacionales y Administración de Documentos, por sus siglas en inglés) es la institución encargada de airear los documentos secretos cada 50 años. En general, los países anglosajones tienen una legislación avanzada y eficaz, casi todos con una copia del modelo de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos de 1966.

Suecia representa al país pionero y vanguardista en materia de transparencia informativa. El derecho a la información está considerado uno de los cuatro pilares constitucionales del país, y todo documento es considerado público en principio. Un funcionario que trabaja para el Comité Constitucional Sueco explica que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar información sin que se le pregunte quién es o para qué lo quiere. Cualquier persona puede así iniciar un posible proceso de desclasificación. “Algunos documentos tienen frases o cifras clasificadas, según la Constitución sueca, pero nunca un documento completo”. Cada tipo de dato tiene una caducidad. Por ejemplo, para los que tienen que ver con la seguridad internacional son 40 años. El máximo son 70 años para la información sobre salud de las personas, su seguridad o su sexualidad.

Su ordenamiento jurídico cuenta con la ley más antigua de acceso público a informaciones del Estado que data de 1766, hace más de 200 años, según asegura en un estudio el experto en archivos Ángel Roldán Molina, que participó en la búsqueda de información para un documental sobre el incidente de Palomares (cuatro bombas termonucleares de EE UU cayeron al agua en enero de 1966 frente a Almería). La historia de ese documental, Operación Flecha Roja (2007) es un buen ejemplo de la inaccesibilidad de los archivos españoles. Su director, José María Herrera Plaza, explica que la mayoría del material para su documental lo obtuvo en EE UU, mientras que en España tuvo grandes dificultades.

Si España tuviera una norma de desclasificación y publicación de secretos oficiales como la de Reino Unido, podríamos conocer las revelaciones que Leopoldo Calvo Sotelo hizo a los miembros de su Gobierno recién estrenado tras el intento de golpe de estado del 23-F de 1981. También podríamos descubrir cómo Felipe González justificó ante sus interlocutores internacionales su giro en la campaña a favor de la entrada en la OTAN. Accederíamos a los reproches de las autoridades de Madrid ante la Administración francesa durante la primera legislatura de la democracia por su tolerancia con los atentados de ETA. Y se podría saber la subcolaboración al frente del gobierno con el GAL y el Batallón Vasco Español durante el periodo más duro de ETA.

Pero, en España, los papeles son secretos a perpetuidad. Los del 84, los del 74, los del 64, 54... Antonio Malalana precisa que “en este país, como en otros, un archivo también pasa a ser clasificado como histórico después de 50 años, pero la diferencia es que en ningún sitio está escrito que cuando eso sucede se tenga que hacer público su contenido”.

El historiador y experto en investigación Malalana resalta la contradicción que supone que España conozca más de los episodios conflictivos gracias a las desclasificaciones de archivos por otros países que por sus Gobiernos. “Aquí los historiadores que se dedican a los acontecimientos recientes están ciegos. Sencillamente no pueden trabajar si no acceden a esos archivos”.

Reino Unido saca a la luz sus documentos pasados 30 años

300 investigadores e historiadores exigieron al Gobierno el desbloqueo inmediato de los 10.000 documentos del franquismo cuya desclasificación había sido impedida.

El Gobierno del PP abortó en 2012 “el primer intento en democracia de desclasificar un lote de documentos significativo”, como se refiere el profesor Malalana a la iniciativa de la anterior ministra de Defensa, la socialista Carme Chacón, de dar a conocer un archivo con 10.000 papeles de la Guerra Civil y el franquismo de los años 1936 a 1968. Para ello se elaboró un listado con todos los documentos clasificados esos años “cuya difusión no planteaba ya riesgos para la seguridad nacional”. En aquel material se incluían archivos de la Guerra Civil, la posguerra o el conflicto de Ifni, ocurrido hace más de 60 años. Pero nunca vieron la luz. Cuando el PP llegó al poder, Pedro Morenés, el nuevo titular de Defensa, bloqueó la desclasificación de esos documentos al considerar que no era “una prioridad” de su departamento y que requería un “extraordinario trabajo” que solo contribuiría a generar “ruido mediático”.

El diplomático e historiador Ángel Viñas fue uno de los investigadores que firmó el escrito al Gobierno para exigir la desclasificación. Viñas es conocido por sus estudios sobre esa etapa histórica española. Desde que comenzó en Alemania, en 1970, su investigación le ha obligado a colaborar constantemente con los archivos norteamericanos, británicos, alemanes y rusos.

Afirma que los argumentos aducidos públicamente por el ministro Morenés “son insostenibles; a saber, las Fuerzas Armadas tienen otras cosas en las que pensar —si su cometido fuera examinar papeles, apañados estaríamos— pero se le olvidó indicar que los papeles en cuestión habían sido ya examinados, así que no era necesario mayores esfuerzos”.

Viñas afirma que, de esta manera, “se deja que la historia de España, en la Dictadura sobre todo, sigan escribiéndola autores extranjeros”. Con la negativa del Gobierno de desclasificar los documentos de la Guerra Civil, España se convierte en “el farolillo de cola del mundo occidental en materia de acceso a archivos políticos, diplomáticos y militares”.

La rigidez con la que el legislador ha fijado los “limites del acceso a la información” en la Ley de Transparencia y el rigor con que mantiene su vigencia la ley franquista de Secretos Oficiales provoca una extraña situación.

Casos como la revelación de los correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, pueden ser considerados como actividades delictivas a la luz de la norma, pero las penas que se dicten a los que se consideren responsables se aplicarán conforme a la máxima severidad de la ley de 1968.

El artículo 26 de la Ley de Transparencia advierte que “las personas comprendidas en el ámbito de aplicación” de la norma, esto es, políticos y funcionarios, “guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias”.

En el artículo 29 indica que “la publicación indebida de la información que hayan obtenido por razón de su cargo” o “la negligencia en la custodia de secretos oficiales” serán “infracciones muy graves”.

La Ley de Secretos Oficiales de 1968, por su parte, utiliza un lenguaje expeditivo, de ordeno y mando, propio de la época, para indicar que “los intereses fundamentales de la nación y que constituyen los verdaderos secretos oficiales”, ya se encontraban con anterioridad “protegidos por sanciones penales que, tanto en el Código Penal Común como en el de Justicia Militar, alcanzan penas de la máxima severidad”. Pero “esta sanción penal, especialmente represiva”, solo evitaba “de manera indirecta el descubrimiento o revelación de secretos”.

Para “asegurar su protección efectiva” la ley establece cinco principios que todavía siguen en vigor. Primero, “tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por ley”. Segundo, “podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. Tercero, “la calificación corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”. Cuarto, “la cancelación de cualquiera de las calificaciones será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración”. Quinto, los incumplimientos serán sancionados “conforme a las Leyes penales, y por vía disciplinaria como falta muy grave”.

Finalmente, y como aviso a navegantes, afirma que es necesario habilitar un procedimiento para “notificar a los medios de información la declaración de materia clasificada cuando se prevea que esta puede llegar a conocimiento de ellos”.

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