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06/04/2018

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El fallo de un tribunal regional alemán contra la entrega a España de Carles Puigdemont pone en riesgo toda la causa que la Fiscalía y el Tribunal Supremo abrieron para castigar el plan soberanista en Catalunya. La polémica jurídica sobre si la organización del referéndum y los hechos que lo rodearon podía constituir un delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de cárcel, ha sido resuelta al final por tres magistrados alemanes, que consideran que el proceso soberanista no se ha desarrollado con violencia.

La justicia alemana entra así al fondo de la cuestión. Lo hace porque el juez Pablo Llarena solicitó la extradición de Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. El tribunal ha rechazado la extradición por el primero de esos delitos alegando que su legislación no lo contempla. No se da, por tanto, el principio de doble incriminación que requiere cualquier extradición.

Y van más allá al pronunciarse sobre la posibilidad de identificar la rebelión 'española' con el delito de alta traición del código penal alemán. Para que éste se dé, razonan los jueces alemanes, es necesario que se haya actuado con una violencia que no se ha dado en la actuación del expresident. El fallo del tribunal de Schleswig-Holstein, aun desconocido en su textualidad, descarta la apelación a la existencia de una violencia que hizo la Fiscalía en su querella inicial, que mantuvo la Audiencia Nacional después y a la que recurre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en su auto de procesamiento.

En el caso de que finalmente el tribunal alemán acceda a entregar a Puigdemont por el delito de malversación solo podría ser juzgado en España por éste. Se daría la circunstancia de que el Tribunal Supremo sentaría en el banquillo a los subordinados del expresident por un delito castigado con hasta 25 años de cárcel y a Puigdemont por otro que no pasa de los ocho años.

Pero no solo eso. Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es ponen en duda que la Fiscalía pueda sostener una acusación de rebelión contra un grupo de procesados cuando está incapacitada para hacerlo contra quien los lideraba. El propio Llarena afirmó en uno de sus autos que el delito de rebelión "es de naturaleza plurisubjetiva". "La depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes", escribía Llarena en el auto por el que decidía las órdenes internacionales contra Puigdemont y el resto de huidos en Bélgica.

Otras fuentes del Tribunal Supremo remitían esta tarde a un análisis del fallo alemán antes de que el juez Llarena adopte decisiones, pero incidían en que una valoración de un tribunal local alemán no puede influir en la convicción del instructor del Alto Tribunal español sobre los indicios recabados de presunta rebelión.

Según explicó el tribunal alemán en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible", pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución política en España, lo que anularía completamente la orden de extradición.

Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros. "Con la malversación de fondos públicos, al perseguido se le acusa de un acto concreto castigado también por la legislación alemana, no por sus ideas políticas", responde a su defensa.

Euroorden "adulterada"

Las fuentes consultadas del Tribunal Supremo consideran que los jueces alemanes han "adulterado" el concepto de la euroorden al entrar a valorar unos hechos que no le corresponden. Se trata de un exhorto, alegan, y no cabe que se paren a examinar los hechos por los que se acusa a Puigdemont, algo que deberá hacer en su momento el tribunal que le juzgue.

El tribunal tendrá ahora que decidir si procede la extradición por malversación de fondos, a lo que se va a oponer la defensa de Puigdemont. La última palabra sobre la extradición la tendrá la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que ya ha considerado la decisión de los jueces alemanes como un revés y ha anunciado que estudiarán si se puede recurrir.

Las fuentes consultadas añaden que la decisión del tribunal alemán puede condicionar las decisiones pendientes de otras justicias europeas. En Bélgica siguen Lluís Puig, Toni Comin y Meritxell Serret. A Escocia se trasladó Clara Ponsatí y a Suiza huyó Marta Rovira. El Tribunal Supremo reclama por rebelión a Comin, Ponsatí y Rovira.

Además, por una acusación de rebelión y el riesgo de fuga que ello implica están en la cárcel Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn. También están en prisión Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, acusados todos rebelión -a Rull, Turull, Bassa y Romeva, el Supremo les añade el delito de malversación. El Supremo deberá resolver las previsibles peticiones de excarcelación que sus defensas planteen una vez han conocido que la acusación por rebelión contra Puigdemont corre serio riesgo de desaparecer.

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