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Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, que en 1981 fueron detenidos, torturados, asesinados y calcinados por agentes de la Guardia Civil tras identificarlos erróneamente como miembros de un comando de ETA cuando hacían un viaje entre Santander y Almería, seguirán sin ser considerados víctimas del terrorismo, tal y como vienen reclamando desde hace casi cuatro décadas las familias de estos tres jóvenes fallecidos en el conocido como Caso Almería.

Así se desprende de una respuesta por escrito del Gobierno de España en el Senado, en la que el Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez despacha diversas cuestiones relativas al Caso Almería planteadas por el senador Jon Iñarritu (EH Bildu) en apenas dos párrafos y remitiéndose directamente a la normativa actual para descartar esta opción defendida incluso por el propio Parlamento de Cantabria de forma unánime.

"La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reconocen dicha condición de víctimas únicamente a las que lo hayan sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana", dice el Gobierno en su escrito.

Además, en esta respuesta registrada en la Cámara Alta el pasado 14 de septiembre, el Ejecutivo también añade que "cabe señalar que los delitos de terrorismo están tipificados en el Código Penal español", ateniéndose estrictamente a la literalidad de la ley y no dejando ninguna puerta abierta a la posibilidad de una modificación legislativa que atienda esta petición reiterada de las familias de los afectados.

Este posicionamiento se produce tras las preguntas realizadas por Iñarritu, en las que además de cuestionar al nuevo Gobierno sobre la intención o no de reconocer como víctimas del terrorismo de Estado a los implicados en el Caso Almería, el senador vasco reclamaba más información sobre las "lagunas" que siguen sin ser aclaradas en relación a ese triple asesinato, así como detalles sobre posibles pagos con fondos reservados a los agentes de la Guardia Civil que fueron condenados por este crimen, entre otros detalles.

"El Gobierno ni siquiera ha querido entrar a valorar estas cuestiones en un asunto de tal gravedad y en el que hubo cobertura del Estado", ha lamentado el representante de EH Bildu en declaraciones a eldiario.es. Además, Iñarritu ha criticado la "falta de voluntad política" del Gobierno de Sánchez en atender la petición de las familias y ha lamentado el "nulo interés" del Ejecutivo en hacer cambios normativos en este terreno para resolver los impedimentos legales que pudieran existir en estos momentos.

El senador, que ha explicado que planteó esta batería de preguntas tras entrar en contacto con uno de los familiares de las víctimas del Caso Almería y con la intención de incidir en las peticiones que vienen realizando desde hace décadas, ya se había encontrado con una respuesta similar del PP en 2015, cuando el entonces Gabinete de Mariano Rajoy tampoco aportó más detalles en el Congreso de los Diputados y contestó que "el Gobierno carece de información que pueda aportar dada la antigüedad de los hechos" en una iniciativa parlamentaria muy similar.

Homenaje en Cantabria

Tras años de olvido y silencio, el Caso Almería volvió a la primera línea de la actualidad en el 35 aniversario de los hechos, tras un profundo trabajo de investigación impulsado por el colectivo Desmemoriados y publicado en eldiario.es, que propició el reconocimiento unánime de todos los grupos políticos y que culminó la pasada primavera con un homenaje en el Parlamento de Cantabria.

En ese acto promovido por Desmemoriados, en presencia de familiares y de todos los partidos con representación en la Cámara autonómica, se reconoció a las víctimas del Caso Almería y se instó al Gobierno de España a "iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos" para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección".

Con esta iniciativa se buscaba, "en aras de cumplir con los principios de verdad, reparación y justicia para las víctimas" que la sociedad civil de Cantabria, -37 años después y en su nombre sus representantes legítima y democráticamente elegidos- "mostrara el dolor y el respeto" a los familiares e "hiciera suyo el padecimiento sufrido a lo largo de tantos años, considerando que las citadas personas deben ser reconocidas a todos los efectos legales como víctimas de terrorismo".

Así se exponía en el manifiesto leído entonces por Dolores Gorostiaga (PSOE), presidenta del Parlamento de Cantabria. El documento, que fue suscrito por los 35 diputados de la Cámara, criticaba que la legislación española "no contempla ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado, ya sea por elementos policiales incontrolados", como en este caso.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reclamó al Gobierno de España, a través de las fuerzas representadas en el Congreso, a seguir los pasos dados en Cantabria y a reconocer a los tres jóvenes como víctimas del terrorismo. "Lo que ocurrió entonces ya no tiene arreglo, pero esto sí se puede y se debe hacer", zanjó el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención.

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