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29/01/2019

Día a día tomamos conocimiento de un nuevo caso de feminicidio, lo cual refleja el grado de violencia contra las mujeres, hecho que nos indigna, pero desconocemos aún el número de víctimas de violentadas y que no son asesinadas

 

En el 2018, el 65.4% de las mujeres cuyas edades fluctuaron entre 15 y 49 años fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Día a día tomamos conocimiento de un nuevo caso de feminicidio, lo cual refleja el grado de violencia contra las mujeres, hecho que nos indigna, pero desconocemos aún el número de víctimas de violentadas y que no son asesinadas, incluso sabemos que muchas de ellas no denuncia y menos salen en los medios de comunicación.

A pesar que un sector no quiere escuchar la palabra, es la violencia de género el acto realizado contra el sexo femenino que tiene como resultado un grave daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; es decir, se trata de la acción violenta que recibe una mujer por el simple hecho de serlo.

La violencia contra la mujer considerada como un grave problema y un delito, representa un problema social y una violencia específica que se relaciona con una distorsionada jerarquía de valores que otorga una supuesta superioridad al género masculino sobre el femenino.

Aunque estamos generalizando no es cierto que todos los hombres sean violentos, pero es cierto que el grupo socialmente violento es el masculino y de manera muy significativa respecto al femenino.

Lo cual nos lleva a cuestionarnos, ¿qué tipo de sociedad somos que no podemos vivir con mayor igualdad entre hombres y mujeres?, siendo iguales desde todo tipo de consideración, excepto la biológica. Sería bueno entender que la diversidad es consustancial a la vida, porque todas las personas son diferentes y ninguna es superior a otra.

Esta violencia es un problema colectivo, es decir de la sociedad en su conjunto, quizás el de muchas sociedades en el mundo y por ello es responsabilidad del Estado en sus diferentes matices y alcances. Desde esta perspectiva, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está establecido en los Convenios internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. En el 2015, los países acordaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que coloca por primera vez la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como precondición y objetivo central.

Sin embargo, a la luz de los problemas actuales más severos en el mundo se requiere una diáfana y completa definición de la violencia contra la mujer, una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de este problema, un real compromiso por parte de los Estados de asumir sus responsabilidades y una verdadera responsabilidad de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Lo cual no es poco, pero tampoco es imposible de realizar.

Los recientes problemas de violencia contra la mujer han evidenciado la carencia de acciones preventivas y las insuficientes políticas públicas, para llegar a una solución desde la intervención gubernamental. Lo cual no es una crítica sino un análisis integral.Desde la perspectiva de un planificador, el problema debe ser diagnosticado lo mejor posible, para poder pensar en la solución del mismo. Además, es necesaria hacer cada vez más visible el problema, para lo cual se requiere insistir en la responsabilidad de todos los actores, invertir en prevención y combatir la impunidad y proteger mejor a las víctimas y a las sobrevivientes. Ellos son los grandes retos que exige la crítica situación: prevención, atención y protección.

Frente a esta realidad, el Estado Peruano ha implementado una serie de medidas para fortalecer la respuesta del sistema de administración de justicia y la política pública relacionada con la violencia contra las mujeres. Sin embargo, estos avances normativos no serán suficientes si los sectores involucrados no garantizan que las políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres sean adoptadas de manera coordinada e interinstitucional y cuenten con el presupuesto necesario para su ejecución.

Es el caso del turismo, quien aparentemente no tiene relación, pero si revisamos el marco normativo fundamental del sector, encontraremos que éste si tiene competencia para coordinar, formular y proponer la expedición de normas que se requieran para prevenir y combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo, delito en el cual sobresale la explotación de las mujeres. Incluso los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de adoptar medidas de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo, en sus respectivas circunscripciones territoriales.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) es una actividad lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales propias de una cultura de ejercicio del poder y violencia frente a quienes, por circunstancias de la vida, suelen ser los más endebles y vulnerables.Se requieren grandes esfuerzos para sensibilizar a las autoridades políticas y a los profesionales que operan directamente en programas y servicios relacionados con la niñez y la adolescencia. Además, es momento que el Estado asuma la totalidad de los compromisos firmados, que la empresa entienda que es un tema que también puede afectar su competitividad y sostenibilidad turística y por último que la sociedad civil comprenda que no puede quedarse insensible ante un delito que arriesga el futuro de sus niñas y niños, nadie está a salvo de salvo de este problema, dado que es un peligro que se encuentra a la vuelta de la esquina.

El Estado, la empresa privada y la sociedad en general no pueden permitir que se siga afectando gravemente a nuestra infancia y adolescencia, es momento de entender cuánto los lesiona y perturba emocional o físicamente, por ser una forma de violencia que somete y denigra su dignidad como seres humanos.

El trabajo requerido es vasto y complejo, al punto que cada nivel de gobierno tiene que convertir los programas establecidos en políticas públicas, lo cual es una forma de garantizar que el accionar no se reduzca a un rango de soluciones presupuestalmente posibles. Se convierte en un deber de los gobiernos elegir cursos de acción más adecuados y por ende las nuevas políticas gubernamentales corresponden a una selección de temas y objetivos, las cuales se vienen a sumar a la multitud de políticas en desarrollo.

Para concluir seamos claros, no podremos cambiar esta realidad camino al bicentenario, si no se incluye como estrategia fundamental la prevención desde el ámbito educativo, a fin de transformar los prejuicios y estereotipos que hoy naturalizan la violencia de género. El papel del Estado debe ir más allá de la expedición de leyes que penalicen la violencia contra la mujer, más bien implica la creación de programas donde se visibilice su situación, se rechace cualquier tipo de violencia basada en género y se reconozca a las mujeres como sujetas a políticas y derechos, con capacidad de acción.

VIOLENCIA A LAS MUJERES………. ¡BASTA YA!

 

Eco. JOSE SOTO LAZO

jsoto2503@gmail.com

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