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30/10/2012

El ombudsman de la Ciudad de México, Luis González Placencia, se reunió hoy con miembros del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU para proporcionarles un informe conjunto sobre el tema de instituciones de derechos humanos de siete estados de su país. “Presentamos un informe de siete comisiones locales de derechos humanos sobre el estado de la tortura en México”, declaró a Notimex González Placencia luego de salir de la reunión con el CAT en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH) en esta capital. “Es la primera vez que siete instituciones de derechos humanos de los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro y la Ciudad de México están presentes y entregan en un informe conjunto a mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas”, subrayó. El Comité contra la Tortura evaluará este miércoles y jueves los informes y cuestionará y emitirá sus recomendaciones a la delegación del gobierno mexicano, encabezada por el director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín. Durante las jornadas se presentará el Quinto y Sexto informe consolidado de México en relación al artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la que el estado mexicano es parte. “Hay un gran contraste en los últimos diez años entre las 16 mil 68 quejas que hemos registrado por estas comisiones locales (…) aunque el número debe ser mucho mayor (…) y solamente dos condenas que se han emitido, ya de entrada ahí hay un problema que habrá que resolver", afirmó González Placencia. Además el número de recomendaciones de las comisiones locales son 74 “y solamente hay dos condenas, la lógica implica que deberían ser mucho más", observó. El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Ciudad de México) explicó a los expertos del CAT que una de las razones de estas discrepancias es la existencia de leyes incompletas tanto a nivel local y federal Otro aspecto, continuó, "es la duplicidad de leyes ya que en muchos lugares hay leyes especiales además del código penal lo que le permite al ministerio público inaplicar cuando se trata de tortura e irse por delitos de otra naturaleza''. González Placencia destacó ante los expertos “el contexto en el que la tortura se convierte en funcional. Hemos documentado una serie de casos que comienzan con detenciones arbitrarias por parte de la policía con pocas pruebas o con nulas pruebas y la tortura se convierte en elemento fundamental para incriminar a las personas”, indicó. Asimismo el ombudsman capitalino debatió con el CAT sobre la existencia del arraigo, “un tema en el que hemos insistido muchísimo, pues el arraigo hace posible que se generen contextos propicios para la tortura”. González Placencia, enfatizó que durante la reunión se habló sobre la la figura del arraigo. “Si bien es cierto que el arraigo está en la Constitución, el hecho de que esté en la misma no supone una obligación del Estado para aplicarlo...” señaló el ombusdman capitalino Y agregó, “a la luz de una interpretación del nuevo artículo primero de la Constitución existiría la posibilidad de que una autoridad decidiera no aplicarlo (el arraigo)”. “De hecho eso ocurre ya en algunos estados de la República y en otros se ha eliminado ya de los códigos procesales”, reconoció. “La petición concreta al CAT, señaló González Plascencia, es que o bien se genere una reforma para eliminarlo de la Constitución o se lleven a cabo reformas locales en los estados en donde existe o disposiciones del ejecutivo para inaplicarlo por parte del ministerio público; o bién se den disposiciones del poder judicial para no aplicarlo con base en el artículo primero constitucional”. Además hizo referencia a la “existencia de lugares y momentos sin custodia sobre los detenidos que hace posible que la tortura se cometa en patrullas, pasillos, separos y por supuesto también en el ámbito penitenciario (…) planteamos cómo se perciben dos finalidades para ejercerla, una es obtener información y la otra es castigar”. "Le pedimos a los miembros del Comité que pusieran especial atención en la manera en la que el estado mexicano desacredita el tema de la tortura, subrayó, porque tenemos entendido que hay un sistema paralelo al Protocolo de Estambul, que se utiliza en las procuradurías de prácticamente todo el país ya que hoy por hoy sirve para rebatir los dictámenes de tortura producidos por comisiones locales o por otras instancias". “Es importante que el Protocolo de Estambul se aplique como tal y de hecho es importante que se aplique por parte de una instancia independiente", puntualizó. Además, es necesario que los servicios periciales se independicen, abundó. Asimismo habló sobre la situación de sobrepoblación de las cárceles y sobre la cadena de custodia. En lo que se refiere a la respuesta del gobierno en la revisión de los informes el día de mañana, Gonzalez Placencia manifestó su optimismo porque haya una "actitud objetiva de parte de las autoridades del estado mexicano y que la información que presenten sea verídica''. "Es de esperar que se niegue la idea de que la tortura es sistemática en el país, pronosticó el funcionario, pero me parece que es importante que se tenga claridad sobre cómo el contexto que estamos viviendo en México ha sido propicio para que se cometa la tortura". Finalmente, a pesar de que ningún miembro del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto estará presente en la sesión, González Placencia dijo que la encargada de derechos humanos, Claudia Ruíz Massieu se ha reunido con todos los actores sobre el tema y ha recibido información de primera mano de toda la comunidad de derechos humanos, además de la información que ha recibido del gobierno actual. González Placencia consideró que “el contexto está dado” para que el nuevo gobierno implemente las observaciones del CAT en lo que se refiere al tema de la tortura y se les dé puntual seguimiento.

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